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Protesta al protocolo

lcrisafulli
Por Lucas Crisafulli
@LUCASCRISAFULLI

Este 17 de febrero, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, firmó una resolución por la que implementa el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del estado en manifestaciones públicas. Analizaremos en qué consiste este nuevo protocolo.

1. Criminalización de la protesta
El núcleo duro de esta nueva resolución se encuentra en la limitación del derecho a la protesta social. A contramano de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que obligan a los Estados a regular el uso de la fuerza pública, la resolución cercena la protesta social al punto de su inconstitucionalidad. Amplía el poder de las fuerzas de seguridad en vez de limitarlo. Acompañando el carácter autoritario del decreto, la ministra Bullrich advirtió “Si no se van a los cinco o diez minutos, los sacamos". En la memoria colectiva todavía recordamos el ruido de los estallidos de los plomos, mientras queda pendiente en el aire la pregunta del cómo “los sacamos”.

2. Aviso de las manifestaciones programadas
Con una curiosa redacción, el protocolo establece que el ministerio de seguridad contactará a los “líderes” de una manifestación programada a fin de encauzar el recorrido así como el tiempo de duración, debiendo el ministerio dar aviso a la Justicia. Se parece bastante a pedir permiso para protestar, lo que desvirtúa totalmente la esencia de la protesta.

3. Proceder de las fuerzas de seguridad
En caso de una manifestación, el ministerio de Seguridad comunicará a la Justicia. Luego de ello, la Policía avisará a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de protestar. En caso que la manifestación no se disuelva, deberán proceder a detener a todos los manifestantes, aplicándoles el artículo 194 del Código Penal. Para esto, pueden utilizar la fuerza pública lo (que significa camiones hidrantes, balas de goma e incluso de plomo, ya que estas no están prohibidas).
Es importante recordar que el artículo 194 del Código Penal establece pena para quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire”. Dicho artículo fue introducido mediante decreto-ley en la dictadura de Juan Carlos Onganía.

4. No prohíbe las armas letales.
A pesar de las declaraciones a la prensa de Bullrich Luro Pueyrredón, en el protocolo no quedó plasmada la prohibición de las fuerzas de seguridad de utilizar armas letales, lo que debe entenderse, a contrario sensu, que la policía sí puede utilizar balas de plomo.

5. “La libertad de un individuo o grupo termina donde comienza la del otro”
Copia de forma textual y acrítica el manual de cívica para segundo grado. Es verdad que en una manifestación se encuentran en tensión el derecho a protestar y el derecho a la libre circulación, pero lo que los fundamentos del protocolo no dicen es por qué motivo el gobierno nacional prioriza uno (la libre circulación) por sobre otro (a protestar). Existen distintas situaciones que limitan el derecho a circular: un recital organizado por el propio gobierno en una plaza pública e incluso el propio acto de asunción del presidente Macri por el cual se cortaron varias arterias. Eso significa que el derecho a la libre circulación no es absoluto y frente a otros derechos cede. ¿Por qué el derecho a la libre circulación es más importante que el derecho de protesta pero menos importante que el derecho de las empresas a cobrar peaje?
Si existe colisión de derechos, hacer primar uno sobre otro requiere siempre de una delicada fundamentación. Dado que el derecho a la libre circulación no se ve totalmente afectado por una manifestación (en un corte de calle siempre existen otras vías de acceso hacia el lugar al que una persona se dirige) y que este es limitado para recitales e incluso por el propio Estado cobrando peajes (en los que no existe, en la mayoría de los casos, un camino alternativo) no parece ser un derecho prioritario, por lo menos no frente a otro derecho considerado sagrado, como es el derecho a la protesta. ¿Por qué es sagrado? Porque es el derecho que permite luchar para obtener otros derechos, como el derecho al trabajo digno, a la salud, a la educación o a que no te detengan ilegalmente. La historia de los derechos es la historia de las luchas por conseguirlos y la protesta implica el punto de inicio para su conquista. Protestar se encuentra en el nervio mismo de todo sistema democrático. Sin protesta no hay Estado de Derecho. La limitación de la jornada laboral a ocho horas por ejemplo, derecho del que gozan muchos argentinos, fue conquistado en luchas y manifestaciones sociales, pues el motor de avance de todos los derechos es la militancia de quienes han sufrido su flagrante violación.

6. ¿Libertad de prensa?
El protocolo no solo amplía las facultades de las fuerzas de seguridad y restringe la de los manifestantes, sino que también reglamenta la ubicación de los periodistas. Establece la facultad de la policía de determinar el lugar para que se ubiquen los trabajadores de prensa para no obstaculizar el procedimiento. No hace falta ser un avezado constitucionalista para advertir que contraría toda la normativa nacional e internacional sobre libertad de prensa (el periodista no es libre de cubrir una manifestación desde donde quiera), ni ser tan suspicaz para sospechar que el lugar asignado a la prensa no permitirá captar la represión.

7. Espiando a los manifestantes.
El protocolo establece que la propia policía “procederá a la filmación (video y audio) y fotografía de los operativos”. Esta disposición, a un mes de cumplirse el 40° aniversario del golpe cívico militar más sangriento de la historia argentina, nos retrotrae a épocas muy oscuras que creíamos ya superadas. El protocolo faculta a la policía para hacer inteligencia en las manifestaciones.

8. Ajuste y represión
Todo modelo económico que plantea y ejecuta un modelo social 70/30, es decir, 70 por ciento de excluidos y 30 por ciento de incluidos no puede lograrse sino mediante el gobierno de la pobreza y la protesta. Las políticas abiertamente neoliberales que está ejecutando el gobierno nacional sólo son posibles mediante la represión de aquellos que protestan por todos los derechos conquistados que ven escurrirse tras la mentirosa teoría del derrame. La otra pata del neoliberalismo es el gobierno de la pobreza, de aquellos que en términos de mercados son excedentes, no útiles. No es de extrañar que en pocos años aumente de forma exagerada la tasa de encarcelamiento.

Vivir en democracia tiene sus costos, pero la historia demuestra que no tenerla (y la protesta es su esencia) es mucho más caro a todos los derechos.