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Modelos de Seguridad

lcrisafulli
Por Lucas Crisafulli
@LUCASCRISAFULLI

En el debate político y en los medios de comunicación suele describirse de forma simplificada el problema de la seguridad y, como consecuencia, sus soluciones. En estos debates se han propuesto dos modelos. A uno lo podemos llamar el paradigma de la mano dura. Al segundo, un progresismo bienintencionado.

La mano dura
El paradigma manodurista ha consistido en aumentar drásticamente la cantidad de policía, dar mayor poder a las fuerzas de seguridad (profundizando aún más el autogobierno policial), deteriorar aún más las condiciones de detención, helicópteros merodeando la ciudad, aplicar masiva y selectivamente el Código de Faltas, construir corralitos humanos para denigrar públicamente a los detenidos, policializar la ciudad, aumentar los controles a motocicletas, etcétera.

Proveniente del neoliberalismo que restringe derechos sociales, el denominador común de este paradigma ha sido el recorte permanente de derechos civiles con el único objetivo – inalcanzado por cierto – de obtener mayores niveles de seguridad. A las claras, también ha sido una forma de gestionar la pobreza: el Estado restringió derechos sociales produciendo pobreza que luego es gobernada mediante la mano dura. Fue el paradigma puesto en marcha en las políticas de seguridad provincial.

Algunas críticas a este paradigma

En veinte años de aplicación de este paradigma podemos hacer las siguientes observaciones:
1) Ha perseguido sólo el delito cometido por los pobres (dejando impune las economías delictivas complejas que son altamente rentables).
2) Ha confundido pobreza con delincuencia, y por lo tanto, ha encarado una persecución a los pobres (sobre todo jóvenes, varones y pertenecientes a los sectores populares).
3) Ha permitido prácticas violatorias de los Derechos Humanos más fundamentales mediante los abusos policiales, el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias.
4) Ha demostrado su más rotundo fracaso en resolver el problema acuciante de la violencia. Al aplicar violencia feroz estatal a la violencia urbana, ha potenciado aún más la conflictividad social rompiendo los débiles lazos sociales.
5) No ha podido reducir los delitos, sino por el contrario, han aumentado, sumándosele los cometidos por las fuerzas de seguridad.

 

El Progresismo bienintencionado
El otro paradigma con el que se ha abordado la cuestión de la seguridad es el progresismo bienintencionado. Nunca se implementó en la práctica, pero ha tenido cierto éxito desde lo discursivo. Ha consistido en plantear que para que haya más seguridad, es necesario que haya inclusión social, confundiendo la seguridad con los derechos sociales. Pese a sus limitaciones, fue una estrategia de resistencia frente al avance en el terreno de las políticas y prácticas de seguridad del paradigma manudurista que restringió derechos sociales y civiles.

Algunas críticas a este paradigma
1) Sigue creyendo, al igual que el otro paradigma, que solo los pobres cometen delitos, pasando por alto los delitos de cuello blanco y las economías delictivas complejas.
2) Entiende como única causa del delito a la exclusión.
3) Plantea a la inclusión social como una medida de seguridad, y no como una política social. Es decir, no se intenta incluir por un convencimiento ideológico (justicia social por ejemplo) o jurídico (el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene jerarquía Constitucional) sino para obtener menos violencia.
4) No advierte que el sector más criminalizado es el mismo que el más victimizado, produciéndose una suerte de sobre-criminalización y sub-protección al mismo tiempo. En otras palabras, la violencia social también es sufrida por los pobres.
5) Plantea una solución a tan largo plazo que genera inacción en el marco de las políticas de seguridad.

 

Y entonces… ¿qué hacemos?

Entre el manodurismo que vulnera derechos y no resuelve el problema de la violencia y el progresismo bienintencionado existen unas series de medidas para intentar disminuir la violencia sin vulnerar derechos. Es necesario cambiar el punto de vista para pensar la seguridad pública y rechazar esta lógica dicotómica.

Si bien no existe una relación directa entre pobreza y delito, sociedades más igualitarias tienen menores niveles de violencia. En contraposición, sociedades fuertemente estratificadas (social, cultural, simbólica y espacialmente) producen mayores niveles de violencia. Hay que incluir, pero no porque queramos disminuir el delito, sino porque todos se merecen ser parte de una sociedad y tener garantizado los niveles mínimos de comida, vestimenta, salud, trabajo y educación.

Dicho esto, cabría preguntarse si existe posibilidad de disminuir la violencia persiguiendo a los pobres (según el paradigma manodurista) o incluyendo a los pobres (según el progresismo bienintencionado) sin modificar si quiera a las fuerzas de seguridad. La policía, que no ha tenido mayores reformas en los últimos cuarenta años, ha demostrado ser una institución esencialmente violenta y estructuralmente corrupta. No se trata de la acción de tres o cuatro uniformados sino de una práctica sistemática.

La gestión política de la seguridad en Córdoba, así como en otras provincias, se ha traducido en un pacto entre policías y políticos de autonomía policial. Por un lado el disciplinamiento de los sectores racializados mediante detenciones masivas por el Código de Faltas, apremios ilegales, tortura, gatillo fácil y reclutamiento de jóvenes para el delito; y por el otro, la regulación del delito complejo como el narcotráfico o autopartes robadas que producen el autofinanciamiento proveniente de esas actividades protegidas por la propia policía. Esa cesión del gobierno de la seguridad que las distintas cabezas del Poder Ejecutivo provincial le han dado a la policía es a cambio de niveles tolerables de delito. ¿Cómo haremos para conducir políticamente a la policía que cuenta con un ejército de veintiséis mil personas armadas que participan de economías delictivas altamente rentables evitando intentos de desestabilización por parte de la policía? ¿Qué nos puede aportar el armado de policías locales que hagan manejable este ejército?

Las economías delictivas complejas como el narcotráfico, la trata de personas o la venta de autopartes de vehículos robados se producen, por lo general, con la anuncia de la policía. La construcción de un sistema de seguridad pública democrática hace necesaria la intervención de muchos otros actores para resolver esta compleja problemática. Hay que discutir el rol del Poder Judicial (Provincial y federal) en la desactivación de estas bandas.

Tenemos que discutir también cuáles son las violencias que, de forma urgente, intentaremos evitar. Para ello, debemos deconstruir hasta desterrar la palabra “delito” del vocabulario de las políticas de seguridad. El delito no tiene existencia ontológica, no existe por fuera de la cabeza los abogados penalistas. La palabra delito engloba una serie de situaciones problemáticas que nada comparten una de otra. Lo único que tienen en común el abuso sexual, el femicidio, el robo, la emisión de cheques sin fondo, la contaminación de aguas o el uso de documento público falso es que algunos los llaman delitos. Sin embargo, no existen medidas para prevenir “el delito”, sino medidas para prevenir situaciones conflictivas, y todas ellas serán totalmente distintas según lo que se quiera prevenir. Incluso dentro de una misma categoría de delito como el homicidio, no son las mismas medidas que deben intentarse para evitar los femicidios, el gatillo fácil o el homicidio en ocasión de robo. 

***

Reformar las policías, discutir socialmente las violencias a prevenir, intentar políticas focalizadas según dichas violencias y dar participación a otros actores (organizaciones sociales, poder judicial, universidades) son algunos primeros y difícil pasos para adentrarse en el complejo entramado de la (in)seguridad.
Seguir insistiendo en el manodurismo y en el progresismo bienintencionado no producirá una mejor democracia y, muchos menos, mejores niveles de seguridad. 

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