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Catorce puntos para entender el nuevo Código de Convivencia

lcrisafulli
Por Lucas Crisafulli
@LUCASCRISAFULLI

El bloque de Unión por Córdoba en la Legislatura Provincial presentó el martes 22 de noviembre un nuevo proyecto de modificación del polémico Código de Faltas.

La propuesta del oficialismo cambia prácticamente de manera completa el código, incluso su nombre, que a partir de ahora se llamará Código de Convivencia Ciudadana.

Según trascendió, esperan aprobar la iniciativa en la primera semana de diciembre, antes de que se modifique la composición de la Unicameral con los nuevos legisladores.

Lucas Crisafulli, abogado, docente y miembro del Observatorio en DDHH de la UNC, destacó catorce puntos del nuevo Código que explican los nuevos enfoques.

 

1. ¿Y el abogado maestro?

El artículo 19 del proyecto y con una redacción confusa, establece que en caso que el imputado carezca de abogado, la autoridad de aplicación “le hará designar uno de oficio, del listado que a tal fin debe proveer la delegación del Colegio de Abogados con sede más próxima al lugar del juzgamiento”.

Cabe preguntarse cómo hará el colegio de abogados para llevar adelante la defensa gratuita de doscientos contraventores diarios. Asimismo, decimos que su redacción es poco feliz porque no establece la obligatoriedad de la presencia del abogado para el momento de dictar sentencia o de otro trámite procesal, sino que se designará, lo que puede dar lugar a equívocos ¿es o no obligatorio que esté un abogado en el proceso contravencional? 

2. Menores derechos

El proyecto plantea que a partir de los 16 años se puede aplicar una contravención a una persona. Esta disposición es contraria a la Ley nacional 22.803 que establece que las personas mayores de 16 y menos de 18 que cometan un delito cuya pena sea inferior a dos años, no son punibles para la ley argentina. Todas las normas del Código de Faltas tienen una pena inferior a dos años, por lo que esta disposición nace a contramano de lo que establece la ley nacional, superior en jerarquía al código de convivencia.

Asimismo, el proyecto establece que en caso de aprehender a un joven de 16 o 17 años, el personal policial lo trasladará hasta la dependencia policial más cercana para ser entregados a sus padres, lo que contraviene todos los Tratados Internacionales en la que los niños no pueden permanecer alojados en Comisarías. 

3. No entiendo lo que dice

Existe un precepto constitucional que se llama principio de legalidad. Entre otros aspectos, esto implica que si el Estado decide castigar una conducta, debe necesariamente describir con exactitud lo que está castigando. Es un derecho de todos los ciudadanos saber qué es lo prohibido y qué lo permitido, y para que esto funcione, los legisladores deben hacer su mejor esfuerzo en describir las conductas. Por ello, jamás debe utilizarse adjetivos en las leyes penales o contravencionales porque son las palabras más imprecisas. 

A pesar de ello, el proyecto está plagado de adjetivos tales como tocamientos libidinosos (art. 52), actitud sospechosa (art. 70), mendicidad vejatoria (art. 78) reuniones tumultuarias (art. 87), ebriedad escandalosa (art. 90), olores nauseabundos (art. 116). ¿Cuándo un tocamiento es libidinoso y cuando simplemente cariñoso? ¿Qué es una actitud sospechosa? ¿Cuándo un borracho es simplemente alegre y cuándo escandaloso? Las distinciones no serían tan importantes si no fuera que de ellas depende la libertad de una persona. 

Entendemos que esta técnica legislativa, redactando figuras vagas y ambiguas dentro de un instrumento punitivo como el Código de Faltas, lejos de constituir un error legislativo, tiene su intención política de empoderar aún más a la policía, dándole facultades discreciones de determinar, según la cara, el ebrio alegre del escandaloso, el que pasea del merodeado, un reunión permitida de una tumultuaria.

4. Naranjita marche preso

En el artículo 59 del proyecto, se castiga con arresto de hasta tres días a las personas que cuiden vehículos sin estar autorizadas.

5. Sigue siendo merodeo

El merodeo, pese a las innumerables críticas que ha recibido, se mantiene intacto tal como se viene aplicando. Ni siquiera, como transcendió por el propio oficialismo, exige la denuncia previa de una persona identificable.

6. Actitud Sospechosa, el merodeo recargado

No suficiente con el merodeo, el proyecto incorpora en el artículo 70 una nueva contravención denominada actitud sospechosa, castigando con hasta tres días de arresto a quien se encuentre en actitud sospechosa permaneciendo en un mismo lugar “por tiempo exagerado”. Este artículo, incluso más vago y ambiguo que el propio merodeo, es una verdadera afrenta al Estado de Derecho, una vergüenza a la democracia. 

7. Una monedita 

Como las leyes de vagos y maleantes del siglo XIX y los edictos policiales de principios del siglo XX, el proyecto, cuya intención es que rija para el siglo XXI, sigue conteniendo las figuras que castigan a la mendicidad. Estas leyes, nacidas por iniciativa de la oligarquía terrateniente del siglo XIX, tenían como función obligar a que todos los gauchos trabajasen en alguna estancia, y aquel que quisiera resistirse, como el gaucho Martín Fierro, era perseguido por la policía. Este esquema, a casi doscientos años, no ha variado. De allí proviene la expresión papeleta y la facultad de la policía de pedir nuestros papeles: la falta de este documento transformaba al peón en un matrero, gaucho malo o malentretenido y lo hacía pasible de la cárcel o el reclutamiento en el ejército para cuidar las fronteras.

8. La cerveza: en los bares sí, en la plaza no

El proyecto sigue conservando el castigo para aquellos que beben alcohol en la vía pública y no lo hagan en un bar habilitado. Si bien ontológicamente no existe diferencia entre tomar una cerveza en la mesa de un bar en la calle que hacerlo a metros de allí en la vereda, el proyecto castiga a quien no tiene el dinero para pagar la cerveza del bar. Nuevamente, esta disposición no es ingenua, y creemos que es una de las tantas conductas con las que se persigue a la pobreza.

9. Quemar gomas

El proyecto incorpora la quema de caucho como contravención en directa alusión a la criminalización de la protesta social. 

10. Castigo a los Carreros

El proyecto contempla el arresto de hasta tres días a quienes dejen bestias de tiro en lugares públicos sin tomar las precauciones para que no configure un peligro a la seguridad del tránsito. La forma de redacción, nuevamente confusa, permitirá la estigmatización a un colectivo de trabajadores a quien, vía aplicación caprichosa y selectiva de la denominada ley Sarmiento, se lo viene castigando. 

11. Otras contravenciones

El proyecto castiga también con cárcel a quienes no lleven casco, a los menores de 18 años que conduzcan automóviles (pese a que la Municipalidad de Córdoba autoriza a conducir a partir de los 17 años de edad), a quienes porten cuchillos, a quienes produzcan escándalos o molestias a terceros (sin especificar en qué consisten estas) a quienes griten o insulten a docentes, a quienes cometan actos contra la decencia pública.

12. El Juez que no es juez

El proyecto plantea un avance en quitarles a los comisarios la facultad de juzgar. Sin embargo, se queda a mitad de camino otorgando dicha facultad a los ayudantes fiscales (funcionarios judiciales dependientes del Ministerio Público Fiscal), que no son jueces. Es una obviedad decirlo, pero la Constitución Nacional le da la potestad de juzgar en materia de libertad, solo a los jueces. Creemos que cuestiones presupuestarias no pueden ser un fundamento válido para incumplir con nuestra Carta Magna.

13. Limitación a la detención preventiva

El núcleo duro de poder que todavía el Código le hace conservar a la Policía se encuentra en la llamada detención preventiva. ¿Qué significa? Cuando una persona se encuentra cometiendo una contravención, el código autoriza a que el policía lo encarcele, antes de la sentencia. El proyecto plantea un avance limitando en doce horas la detención preventiva. Sin embargo, creemos que debiera limitarse aún más si lo que queremos ganar es en derechos y libertades.

14. Un modelo alternativo

¿Por qué no pensar en un Código de Convivencia no como un instrumento de control punitivo para castigar a los pobres y a quienes protestan sino más bien como una instancia de solución pacífica de los conflictos? ¿Por qué no imaginar que, sin la Policía y la prisión de por medio, se pueda pensar en una ley que resuelva, vía mediación, arbitraje o conciliación la conflictividad social que muchas veces no encuentra respuestas en el sistema penal?

Supongamos el siguiente ejemplo: dos vecinos se pelean por cuestiones triviales como la basura, la música fuerte o la pared medianera. Muchas veces estos problemas aparentemente menores escalan a grandes conflictividades, terminando en amenazas, insultos, golpes y, en algunos casos extremos, en homicidio. Estos problemas jamás son resueltos por el sistema penal tradicional, terminando en denuncias y contradenuncias que luego se pierden en los laberintos tribunalicios.

La oportunidad histórica de la Legislatura es poder sancionar un verdadero Código que apueste a la convivencia, que busque solucionar estos problemas que hoy no tienen respuesta en las instituciones estatales. Para ello, se debería cambiar el paradigma con el que se piensa al Código de Faltas (utilizado por la Policía, con cárcel de por medio) y pensar en la mediación, el arbitraje y la conciliación como forma civilizada de resolver conflictos entre los ciudadanos. Solo un código de convivencia así, nos asegurará una convivencia pacífica.

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