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¿De qué seguridad hablamos?

lcrisafulli
Por Lucas Crisafulli
@LUCASCRISAFULLI

Los recientes casos de gatillo fácil sucedidos en Córdoba (siete en lo que va del año) así como hechos de violencia acaecidos en el último tiempo representan un marco necesario para pensar, con urgencia, qué policía tenemos y qué policía queremos.

Los muertos por la violencia institucional, los muertos por la violencia doméstica (la mayoría mujeres y niños) así como los muertos en enfrentamientos entre bandas y los ocasionados en casos de robo son, en un sentido amplio, víctimas directas no de la “inseguridad” (término abstracto que se utiliza sólo para algunos de estos muertos, excluyendo del luto y llanto a otros) sino víctimas de una política de seguridad, o más sencillamente, víctimas de la seguridad.

Una política de seguridad enfocada en la ocupación policial del territorio con utilización de medidas para el show televisivo como los llamados “corralitos humanos” y el uso del helicóptero merodeando la ciudad ha demostrado al menos cuatro cosas:

Primero ha sido sistemáticamente violatoria de los Derechos Humanos más elementales. Casos de gatillo fácil, detenciones masivas por el código de faltas, hostigamiento policial permanente a jóvenes motociclistas, razias policiales y allanamientos masivos en barrios periféricos, secuestros masivos de motocicletas, ocupación territorial en los márgenes de los barrios estigmatizados y una larga lista de etcéteras ha sido la estrategia que la policía ha encarado en los últimos meses como extraña forma de restablecer los vínculos de confianza con (alguna parte de) la ciudadanía destruidos a partir del 3 y 4 de Diciembre pasado en que se sucedieron los acuartelamientos y posteriores saqueos.

En segundo lugar, la cesión a la policía del gobierno de la seguridad ocasionó graves casos de corrupción. El narco-escándolo no fue sino una muestra de cómo la policía participa activamente en las economías delictivas complejas. Lejos de “combatir el delito” la participación de una división de la policía en el narcotráfico ha demostrado que tiene la capacidad de regular estos mercados ilegales, determinando cuáles serán las bandas que comercializarán con protección policial y cuáles no. Así como la división “Lucha Contra el narcotráfico” participaba de éste, también la justicia investigó a la división “Sustracción de Automotores” precisamente por su participación en el robo de vehículos y protección para desarmaderos clandestinos.

En tercer término la política de seguridad ha demostrado ser una política altamente costosa en términos económicos. La seguridad cada vez se lleva más del presupuesto provincial al tener más policías, más equipamientos, más lugares de trabajo. La burocracia policial ha demostrado ser un enorme aparato que año tras año consume un presupuesto cada vez más ajustado. Cada peso que se destina a seguridad implica un peso menos que se destina a otras áreas provinciales como salud, educación, trabajo o prevención de las adicciones por ejemplo.

Y por último y no por ello menos importante, esta política de seguridad ha sido totalmente ineficiente en la disminución de la violencia en términos objetivos, y de la sensación de miedo que el delito produce en términos subjetivos. Es decir, Córdoba no es una provincia ni más seguridad ni sus habitantes se sienten más seguros.

En síntesis, una política que es violenta y por lo tanto violatoria de derechos, que ha fortalecido redes de corrupción policial, que ha sido costosa en términos económicos y finalmente ineficientes, merece, aunque más no sea, una profunda discusión social que tenga por objeto interpelar al estado provincial para la construcción de soluciones a problemas reales que son urgentes. No resulta disparatado pedirle al Estado Provincial que, dado el dinero que destina y las vidas que están en juego se disminuyan las violencias tanto privadas como públicas.
 

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